En la protección de la vida silvestre sí importa la gente
Original de ElMundoCR.com del 25 agosto de 2017
Costa Rica es conocida a nivel internacional por tener uno de los índices más altos de diversidad en proporción a su territorio. Este dato implica que el país tiene una gran responsabilidad concerniente a la adecuada conservación de sus recursos naturales, tanto para proteger el derecho al ambiente sano que poseen sus ciudadanos como para cumplir con el deber para con el mundo y con las futuras generaciones de resguardar a las especies del planeta que habitan en este territorio.
La adecuada protección del ambiente conlleva ciertos retos, entre ellos llegar a un equilibrio entre la conservación de los recursos y su aprovechamiento por parte de la población. Este dilema ha sido resuelto por la Sala Constitucional, innovando con el principio de desarrollo sostenible democrático, en donde tanto la conservación como la creación de oportunidades, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y la distribución justa de la riqueza proveniente de los recursos naturales forman parte de la protección al ambiente.
Si bien puede argumentarse que la naturaleza es valiosa per se, lo cierto es que en gran medida los esfuerzos por proteger al ambiente están mediados por la idea de que el cuido responsable de los recursos naturales es beneficioso para el ser humano. Ante esta perspectiva, la conservación ambiental que descuide al ser humano y lo deje marginalizado, sin darle alternativas viables para ganarse la vida y no mejorar su condición económica y social, no solo es errónea sino que tampoco va a ser apoyada por la población civil. En este sentido, una adecuada política de conservación debe incluir a las personas que se verán afectadas por la misma, no ya como objetos que serán afectados por ella sino como verdaderos sujetos de derechos a tomar en consideración.
La nueva propuesta del Ministerio de Ambiente y Energía para reformar el Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre incurre en este error, en tanto que muchísimas disposiciones no contemplan la integración de las personas dentro de las nuevas regulaciones. Así por ejemplo, se establece la obligatoriedad de contratar profesionales dedicados a la regencia por tiempos excesivos, dificultando enormemente la labor de los pequeños centros de manejo. Otro aspecto similar es la prohibición de actividades de las cuales dependen miles de familias y cuya restricción no tiene un asidero legal que la legitime. Este es el caso de la venta de mariposas realizada por los mariposarios constituidos como pequeños centros de manejo.
Sumado a la perspectiva errónea de la propuesta, tanto la sociedad civil como distintos entes importantes, entre ellos el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, el Colegio de Biólogos de Costa Rica y la Comisión de Vida Silvestre del Colegio de Biólogos, han planteado que se ocupa revisar el reglamento para subsanar propuestas con consecuencias gravosas. No obstante, y a pesar de todos estos pronunciamientos, el Minae no ha dado respuesta ni ha convocado a la Comisión Nacional de Vida Silvestre para evacuar las observaciones presentadas por los entes técnicos.
e conformidad con todo lo anterior, y siguiendo los parámetros del desarrollo sostenible democrático, como sociedad civil debemos de solicitarle al Minae que abra espacios de diálogo que posibiliten tomar en cuenta las opiniones de la sociedad civil, los órganos y entes técnicos asociados al manejo de vida silvestre y a los propios centros de manejo, en cuanto a la nueva regulación propuesta sobre vida silvestre. Esto con el fin de resguardar los valores democráticos del país y de obtener una reforma que beneficie a todos los sectores sociales involucrados, que en el caso de la legislación ambiental somos todos los habitantes de Costa Rica.
